A partir de que se estableció la intervención del gobierno como una estrategia para impulsar la economía de un país, doctrina inducida por Keynes desde los años treinta del siglo pasado, se ha considerado a la política monetaria, junto a la política fiscal, las principales vías de intervención gubernamental para el logro del crecimiento económico largo y sostenido.
Empero, hoy en día, aún no se logra un consenso (entre organizaciones, académicos, policy makers, etc.) para determinar los mejores objetivos y óptimas funciones que debe tener la política monetaria dentro de la estructura económica en un país para alcanzar el crecimiento económico deseado; y el debate surge de la cuestión de si esta política debe intentar la consecución de objetivos múltiples y complejos o debe orientarse, exclusivamente, a preservar el valor del dinero, es decir, a lograr la estabilidad de precios (Fernández, 2006).
En este sentido, México, ante la propuesta de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la adopción del enfoque teórico híbrido neoclásico/neoliberal, a partir de la aceptación del régimen de libre flotación cambiaria, pero sobre todo, por consecuencia de la crisis de balanza de pagos de 1994-1995, el tipo de cambio dejó de funcionar como el instrumento de política que coordinaba las expectativas de inflación alrededor de los objetivos de la autoridad, asumiendo la política monetaria el papel que, en términos técnicos, se conoce como ancla nominal de la economía u objetivos de inflación explícita (Banxico, 2011).
Dicho enfoque se puede definir como una vía para aplicar la política monetaria en el que las decisiones están guidas por las expectativas de la inflación futura en relación con el valor anunciado o deseado para la economía (Fernández, 2006).
Sin embargo, como se indicó al principio, todavía no existe una opinión generalizada que apoye a este mecanismo de política como la idónea para el logro del crecimiento económico vía la estabilidad del poder adquisitivo y, ante los reiterativos desequilibrios o vamos, crisis económicas y sociales que México ha sufrido en los últimos años, dicho debate no sólo se ha fortalecido, inclusive, considero que es necesario que se discuta, pues es incuestionable que, primero, los objetivos de crecimiento económico postulados en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de los periodos de gobiernos neoliberales no se han cumplido y, segundo, esto ha sucedido a pesar de una estabilidad inflacionaria, ya que a lo largo de 17 años (1994-2010) la tasa de inflación anual ha estado en un promedio de 11 por ciento (a pesar de las reiteradas crisis), y a partir del año 2000 la inflación ha sido de un dígito.
Por ello, se ha cuestionado fuertemente el esquema de política monetaria que sigue Banxico, es decir, el objetivo de inflación explícito, pues si bien, en términos generales la institución ha logrado una cierta estabilidad de poder adquisitivo en el largo plazo, ésta no ha sido suficiente para generar las condiciones necesarias o elementales en el entendido de alcanzar el crecimiento económico; fin último de toda política económica.
Una conclusión errada sería aquella la cual adjudique el no logro de los objetivos en materia de crecimiento económico a otras políticas ineficientes, llámese fiscal, laboral, etc., considerando que los objetivos de política monetaria sí se han cumplido por lo menos, de manera general. Sin embargo, antes de afirmar lo escrito renglón arriba, deberíamos preguntarnos ¿A costa de qué se halogrado el objetivo de política monetaria?, para verdaderamente, tener una opinión objetiva y fundamentada al respecto.
Observando a detalle el funcionamiento de Banxico, no es difícil determinar que la política monetaria opera a través del control o manipulación de tres variables: tasa de cambio nominal, tasa de interés y tasa de salario. El problema radica en que Banxico sólo está atento a los equilibrios de estas variables, es decir, a sus propios equilibrios del balance público, balanza de pagos y el saldo con los bancos comerciales y no está abierto a considerar los desequilibrios de los agentes privados, por ejemplo, el desempleo, créditos de empresas o a empresas vencidos etc. (Ortiz, 2007). Dicho argumento hizo que el investigador economista Etelberto Ortiz nombrará a Banxico como el “subastador tiránico”.
De esta forma Etelberto Ortiz afirma que ante una economía flexible, el sector real, vamos, las empresas están en un constante juego de desequilibrio monetario, financiero, el cual lo enfrentan de tres maneras: ajuste de precios; a través de sus estrategias de inversión (afectando la capacidad de producción y por ende, de competitividad) o; acumulación de deuda, de tal forma que el esquema estructural de política monetaria en lugar de promover el crecimiento económico vía el incremento de inversión, exportación, producción o inclusive el mercado de capitales etc., (las cuales son las variables que se ven favorecidas ante una supuesta estabilidad macroeconómica, vamos inflacionaria principalmente), termina por descansar en la acumulación de deuda externa, debido a que el banco central genera impactos contradictorios en los sectores real y financiero de la economía (Ortiz, 2007)
Analizando el mecanismo de transmisión que sigue Banxico para manipular la tasa de inflación, se puede apreciar que en todo momento deja de lado los efectos directos que genera la política monetaria a las empresas. El mismo Banxico lo explica así: “En general, los bancos centrales conducen su política monetaria afectando las condiciones bajo las cuales satisfacen las necesidades de liquidez en la economía, lo que podría definirse como la primera etapa del mecanismo de transmisión. Esto se lleva a cabo a través de las condiciones bajo las cuales la autoridad monetaria proporciona dicha liquidez a los participantes en el mercado de dinero, ya sea mediante modificaciones en algunos rubros del balance del banco central o con algunas medidas que influyan de manera más directa sobre las tasas de interés… Los principales elementos de la segunda etapa del mecanismo de transmisión se pueden dividir para su explicación en cuatro canales a través de los cuales la tasa de interés de corto plazo puede influir sobre la demanda y oferta agregada y posteriormente los precios.” (Banxico, 2011).
Es decir, si bien el mecanismo de transmisión está diseñado, en un sentido, para afectar la demanda agregada y oferta agregada y así, los precios; en el afán de “cuidar” los equilibrios propios de Banxico, al banco central no le importa afectar de manera negativa la productividad, competitividad y estabilidad financiera de la iniciativa privada, yendo en detrimento del crecimiento económico del país.
El hecho de establecerse como objetivo una tasa de inflación de máximo un dígito, en reiteradas ocasiones al año, Banxico se ve obligado a implementar una política monetaria restrictiva, aumentando la tasa de interés (apreciando la moneda) o restringiendo el crédito. Ambos mecanismos afectan negativamente a la iniciativa privada y con él al sector obrero de país, a la política de empleo.
La investigadora Nora C. Ampudia Márquez establece que las restricciones crediticias generadas por una política monetaria restrictiva (en la búsqueda del cumplimiento del objetivo inflacionario) y ante la necesidad de las empresas de financiarse por otros medios distintos al sector financiero, se dirigen a establecer “acuerdos” con proveedores (afectando la estabilidad financiera de éstos) pero, sobre todo, hacen "acuerdos" que afectan las condiciones de contratación en el mercado laboral.
Ampudia afirma que “dado el hecho de que el empresario tiene un mayor poder de negociación en el mercado laboral, se imponen nuevos esquemas de contratación laboral que deterioran la calidad del trabajo generando ahorros y economías que compensan la falta de crédito bancario. Así, a través de un canal de financiamiento alternativo… los mecanismos de transmisión de la política monetaria impactan las condiciones laborales y con ella “la calidad del empleo” (Ampudia Márquez, 2007, pág. 100)
Por todo lo anterior, se reafirma la incuestionable necesidad de modificar los objetivos y planteamientos de la política monetaria en nuestro país y esta nueva tendencia de política debe estar dirigida hacia una mayor responsabilidad por parte de Banxico en procurar la estabilidad de la dinámica financiera de las empresas, de la política laboral o, mejor dicho, de la estabilidad y calidad de empleo mediante suaves restricciones de crédito.
La política monetaria debe ser responsable del impulso a las actividades productivas en la industria nacional y el campo, vía una protección monetaria y financiera a estos sectores. Basta de ser los “mejores alumnos” para el FMI y el BID. Las políticas universales “recomendadas” por organismos como los antes citados no resuelven problemas particulares. Las coyunturas son distintas. Las necesidades son distintas. Hay que profesionalizar el trabajo, elevar la inversión y la producción de las empresas nacionales quitándole el “freno de mano” que el Banxico genera en su afán de sólo interesarse por mantener la inflación, y por ende, restringe la masa monetaria. No habrá inflación pese a un incremento de masa monetaria, vamos, de liquidez, si ésta se ve respaldada por incremento de la producción y un mercado interno fuerte (aumento del salario real). El banco central puede estar tranquilo en ese sentido. En otras palabras, Banxico debe “sacrificar” la estabilidad monetaria en el corto plazo, para lograr una estabilidad financiera con crecimiento económico en el largo plazo.
La política monetaria también debe obligar que el sector financiero del país, específicamente, los bancos comerciales coadyuven a canalizar recursos a la inversión productiva. El crédito es un aspecto de relevancia permanente para el desarrollo del sector industrial, y en tiempos de crisis económica es vital.
En este sentido, Ampudia afirma, y a mi parecer, de forma certera, que “la instrumentación de la política monetaria a través básicamente de las operaciones de mercado abierto, vía bonos de regulación monetaria y bonos del sector público, genera para la banca una atractiva posibilidad de rendimiento que puede sustituir al crédito bancario para el sector empresarial… las opciones financieras que los bancos comerciales tienen en el manejo de sus recursos como: bonos de gobierno, incluyendo los antiguos pagarés del Fondo Bancario de protección al ahorro (Fobaproa) y ahora del Instituto para la protección del Ahorro Bancario (IPAB), y los bonos de regulación monetaria permiten a la banca comercial distraer recursos del objetivo de financiar la inversión productiva de las empresas” (Ampudia Márquez, 2007, pág. 136).
En los últimos dos años, es decir, en el pasado periodo de crisis, y ante la difícil situación para toda la economía en su conjunto, el sector bancario le ha dado la espalda al sector industrial, y no sólo eso, sino que la banca comercial aprovecha para sus propios intereses la situación coyuntural, así lo hace ver el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Nayarit: “los bancos son definitivamente las instituciones privadas más beneficiadas con las políticas de rescate que se han aplicado en los últimos sexenios en el país, sus grandes utilidades contrastan con la difícil situación del industrial, sobre todo del micro, pequeño y mediano. Y es precisamente en ésta etapa crítica cuando se vive un desaliento en la inversión, que las instituciones bancarias utilizan todos los medios de cobranza para recuperar cartera. Existen varios casos de empresas en con retrasos en sus pagos de uno a dos meses, empresas a las que los bancos les exigen de ya el pago total y aunque los empresarios responden y abonan, los bancos no aceptan el pago parcial, exigen el pago total del adeudo, esto aunado al cobro de intereses y comisiones convierten a México en un país donde se reportan los bancos con las mayores utilidades a nivel mundial” (Rubio, 2009).
Las políticas anti cíclicas implementadas por Banxico en periodos de crisis económica (por ejemplo, en el año 1995 y 2009) se han dirigido, entre otras, a "rescatar" las instituciones financieras (léase bancos) y, en este sentido cuestiono, ¿Qué hubiese sucedido si en lugar de liquidar deudas de bancos, hubiesen liquidado deudas del sector productivo del país? a priori considero que hubiese sido mejor un mecanismo de transmisión que tomara en cuenta a las empresas pues así, se equilibra el sector privado, su estructura de negocio vuelve a funcionar, logran la estabilidad productiva y con ello la capacidad de pagar deudas a bancos y así, entonces, se salvan también los bancos. Pero “salvando” primero a los bancos, ¿Quién libera las deudas de las empresas?
Banxico debe tomar un papel similar a la Reserva Federal de Estados Unidos, en el entendido que éste sí le da importancia, en su política monetaria, a otros objetivos económicos como por ejemplo objetivos de empleo y crecimiento económico sostenible.
Para finalizar, el banco central de México no debe olvidar la definición de política monetaria: “acción de las autoridades monetarias (que usa para ello instrumentos cuantitativos y cualitativos) dirigida a controlar las variaciones en la cantidad total de dinero (o de crédito), en los tipos de interés, e incluso en el tipo de cambio, con el fin de colaborar con los demás instrumentos de la política económica al control de la inflación, a la reducción del desempleo, a la consecución de una mayor tasa de crecimiento de la renta o producción real y/o a la mejora en el saldo de la balanza de pagos” (Fernández, 2006; p. 365). Plantearse como único objetivo la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, es insuficiente y va en detrimento hacia el logro de un crecimiento económico largo y sostenido.
jueves, 17 de febrero de 2011
miércoles, 19 de enero de 2011
¿Por qué y Cómo Transformar al Estado?
Una forma adecuada de comenzar este apartado es mencionando que el primer obstáculo que existe para una óptima transformación del Estado, es el mismo Estado.
Es decir, economista reconocido como Joseph Stiglitz afirma que, es importante considerar las fallas del gobierno para el diseño adecuado de políticas públicas… “los detractores de la intervención del Estado en la economía creen que las fallas del gobierno son lo suficientemente importantes como para que éste se abstenga de intentar corregir las fallas del mercado” (Stiglitz, 1998).Entonces, sin políticas públicas eficientes, vamos con fallas intrínsecas, la política de reforma de Estado, también presentará fallas.
El hecho de que las reformas presenten, intrínsecamente, trabas o fallas radica en que éstas, obviamente, no son neutrales y no se diseñan en el vacío, sino que se abordan desde una perspectiva normativa reflejando los intereses de los grupos dominantes y de los grupos o coaliciones de grupos que controlan al Estado. Las transformaciones del Estado, que según cierta ideología de un grupo político o teoría debe hacerse, afectan os intereses de otros grupos de poder, lo que hace difícil que se ejecuten las reformas de Estado pertinentes.
En este sentido, lo que se puede observar es que, primero, desde los años ochenta se ha estado cierto de la necesidad de una transformación del Estado y que, inclusive, de manera fehaciente se puede afirmar que ésta se ha hecho pero, (y es donde entra el segundo punto) dicha reforma no ha cumplido con las expectativas de desarrollo económico y, por tanto, se debe replantear el rumbo del país. Lo interesante aquí es, cómo determinar el nuevo rumbo del país, pues el debate de por qué se debe transformar al Estado, parece superado (de hecho, es común en el discurso político).
Y no es difícil explicar por qué el debate respecto a la necesidad de una reforma al Estado está superada cuando se conocen niveles macroeconómicos tales como un PIB real anual promedio de apenas 2.88% en las últimas tres décadas; desempleo real entre 5 y 10% de la Población Económicamente Activa (PEA); 50% de la población del país sobreviviendo con algún tipo de pobreza y marginación; un lugar 89 respecto a niveles de corrupción de un total de 180 países; ocupando en el índice de competitividad el lugar 60 de 134 economías y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.75 alcanzando el lugar 56 de 169 países. El principal problema es que en todos estos indicadores, México ha empeorado en los últimos años.
Una conclusión sencilla, incompleta y por ende errada para justificar los estándares expuestos renglones arriba es mencionando que, debido a que las reformas estructurales iniciadas en los años ochenta se basaron en privatización, apertura y liberación de mercado y financiera, entonces éstas son las culpables de la situación del país (es decir, de las empresas privadas). Sin embargo, debe señalarse que el mayor o menor éxito del desempeño económico, no sólo depende de las transacciones económicas que ocurren en los mercados y en el sector privado, sino también de los bienes y servicios y de la infraestructura que son proporcionados por el Estado.
Sería poco realista suponer que el mercado es el único mecanismo de asignación de recursos en una economía sin advertir que, muy frecuentemente, el mismo desarrollo de los mercados es resultado de una acción estatal deliberada (Musgrave). Es decir, el Estado, a mi entender, es el máximo culpable y a la vez, el mayúsculo agente económico que puede y más allá, debe dar solución a la ineficiencia del país. Comenzando por supuesto por una reforma puntual e integral de la máxima Institución pública (Ayala, 2004).
Entonces, lo importante y, a su vez, complicado es reiterando: ¿cómo plantear el nuevo rumbo del país? Lógicamente es, vamos, imposible conformar una nueva visión de Estado en unos cuantos renglones, pues ello exige, sobre todo, experiencia tanto en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, como en temas económicos, políticos, sociales, culturales etc., para efectos de constituir a una iniciativa de transformación del régimen de Gobierno. Por tanto, aquí sólo se establecerán primicias que, sin duda, la reestructuración del Estado debe llevar tratando de exponer las bases económicas y políticas que marcan el cómo:
• Institucionalización eficiente del Estado que se logrará cuando se tome a éste como una organización endógena al sistema socioeconómico, atribuyéndole un papel central en el rol económico de los individuos porque fija y vigila el cumplimiento de las reglas fundamentales que gobiernan el intercambio: los derechos de propiedad, los contratos, regulaciones como precios, tarifas, leyes antimonopólicas, normas de calidad, sanidad etc. (Ayala, 2004). Unos derechos de propiedad ineficientes elevan los costos de transacción, porque genera incertidumbre, inseguridad e inestabilidad, y en estas condiciones los costos de información, contratación y de negociación se incrementarán, obstaculizando el crecimiento económico (North, 1993).
• Relacionar los aspectos económicos de las instituciones con las características de las estructuras de poder o de los regímenes políticos. Ya basta de modelos que buscan el crecimiento económico por lo económico mismo, olvidándose, o mejor dicho, queriendo olvidar que la económico es parte de un todo social, y en ese todo social también está el aspecto político, y los sistemas de poder y de gobierno, los cuales indiscutiblemente (y México como principal muestra y fundamentación) influyen en el desempeño económico del país (Ortiz, 2010).
• Modificación al sistema de partidos. Es indispensable elevar el grado de institucionalización de partidos políticos vía verdaderos vínculos razonablemente fuertes con intereses organizados de la sociedad logrando una identificación ciudadana con las distintas ideologías. Los sistemas de partidos institucionales tienen más probabilidades de fomentar una mayor coherencia de las políticas en el tiempo y un mayor potencial de acuerdos intertemporales (fundamental para objetivos de largo plazo). Pero para alcanzar lo anterior, es primordial una reforma al Instituto Federal Electoral (como institución) donde se exija identidad partidaria para cada persona que se desee reclutar en el sistema político, ética, y rendición de cuentas clara y eficiente.
• Profesionalización al servidor público. En México, los gobiernos municipales están en el último lugar de confianza en la sociedad (3.5 de cada 10 personas confían en ellos) y esto se debe a que los servidores públicos tienen una lealtad a la persona (presidente) y no una lealtad institucional. Y el problema está en que el órgano fiscalizador (quien debe medir la profesionalización de los servidores públicos) sólo se preocupa en la desviación de recursos, por ello, la profesionalización del gobierno local falla, logrando así la ineficiencia institucional del municipio.
Es decir, economista reconocido como Joseph Stiglitz afirma que, es importante considerar las fallas del gobierno para el diseño adecuado de políticas públicas… “los detractores de la intervención del Estado en la economía creen que las fallas del gobierno son lo suficientemente importantes como para que éste se abstenga de intentar corregir las fallas del mercado” (Stiglitz, 1998).Entonces, sin políticas públicas eficientes, vamos con fallas intrínsecas, la política de reforma de Estado, también presentará fallas.
El hecho de que las reformas presenten, intrínsecamente, trabas o fallas radica en que éstas, obviamente, no son neutrales y no se diseñan en el vacío, sino que se abordan desde una perspectiva normativa reflejando los intereses de los grupos dominantes y de los grupos o coaliciones de grupos que controlan al Estado. Las transformaciones del Estado, que según cierta ideología de un grupo político o teoría debe hacerse, afectan os intereses de otros grupos de poder, lo que hace difícil que se ejecuten las reformas de Estado pertinentes.
En este sentido, lo que se puede observar es que, primero, desde los años ochenta se ha estado cierto de la necesidad de una transformación del Estado y que, inclusive, de manera fehaciente se puede afirmar que ésta se ha hecho pero, (y es donde entra el segundo punto) dicha reforma no ha cumplido con las expectativas de desarrollo económico y, por tanto, se debe replantear el rumbo del país. Lo interesante aquí es, cómo determinar el nuevo rumbo del país, pues el debate de por qué se debe transformar al Estado, parece superado (de hecho, es común en el discurso político).
Y no es difícil explicar por qué el debate respecto a la necesidad de una reforma al Estado está superada cuando se conocen niveles macroeconómicos tales como un PIB real anual promedio de apenas 2.88% en las últimas tres décadas; desempleo real entre 5 y 10% de la Población Económicamente Activa (PEA); 50% de la población del país sobreviviendo con algún tipo de pobreza y marginación; un lugar 89 respecto a niveles de corrupción de un total de 180 países; ocupando en el índice de competitividad el lugar 60 de 134 economías y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.75 alcanzando el lugar 56 de 169 países. El principal problema es que en todos estos indicadores, México ha empeorado en los últimos años.
Una conclusión sencilla, incompleta y por ende errada para justificar los estándares expuestos renglones arriba es mencionando que, debido a que las reformas estructurales iniciadas en los años ochenta se basaron en privatización, apertura y liberación de mercado y financiera, entonces éstas son las culpables de la situación del país (es decir, de las empresas privadas). Sin embargo, debe señalarse que el mayor o menor éxito del desempeño económico, no sólo depende de las transacciones económicas que ocurren en los mercados y en el sector privado, sino también de los bienes y servicios y de la infraestructura que son proporcionados por el Estado.
Sería poco realista suponer que el mercado es el único mecanismo de asignación de recursos en una economía sin advertir que, muy frecuentemente, el mismo desarrollo de los mercados es resultado de una acción estatal deliberada (Musgrave). Es decir, el Estado, a mi entender, es el máximo culpable y a la vez, el mayúsculo agente económico que puede y más allá, debe dar solución a la ineficiencia del país. Comenzando por supuesto por una reforma puntual e integral de la máxima Institución pública (Ayala, 2004).
Entonces, lo importante y, a su vez, complicado es reiterando: ¿cómo plantear el nuevo rumbo del país? Lógicamente es, vamos, imposible conformar una nueva visión de Estado en unos cuantos renglones, pues ello exige, sobre todo, experiencia tanto en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, como en temas económicos, políticos, sociales, culturales etc., para efectos de constituir a una iniciativa de transformación del régimen de Gobierno. Por tanto, aquí sólo se establecerán primicias que, sin duda, la reestructuración del Estado debe llevar tratando de exponer las bases económicas y políticas que marcan el cómo:
• Institucionalización eficiente del Estado que se logrará cuando se tome a éste como una organización endógena al sistema socioeconómico, atribuyéndole un papel central en el rol económico de los individuos porque fija y vigila el cumplimiento de las reglas fundamentales que gobiernan el intercambio: los derechos de propiedad, los contratos, regulaciones como precios, tarifas, leyes antimonopólicas, normas de calidad, sanidad etc. (Ayala, 2004). Unos derechos de propiedad ineficientes elevan los costos de transacción, porque genera incertidumbre, inseguridad e inestabilidad, y en estas condiciones los costos de información, contratación y de negociación se incrementarán, obstaculizando el crecimiento económico (North, 1993).
• Relacionar los aspectos económicos de las instituciones con las características de las estructuras de poder o de los regímenes políticos. Ya basta de modelos que buscan el crecimiento económico por lo económico mismo, olvidándose, o mejor dicho, queriendo olvidar que la económico es parte de un todo social, y en ese todo social también está el aspecto político, y los sistemas de poder y de gobierno, los cuales indiscutiblemente (y México como principal muestra y fundamentación) influyen en el desempeño económico del país (Ortiz, 2010).
• Modificación al sistema de partidos. Es indispensable elevar el grado de institucionalización de partidos políticos vía verdaderos vínculos razonablemente fuertes con intereses organizados de la sociedad logrando una identificación ciudadana con las distintas ideologías. Los sistemas de partidos institucionales tienen más probabilidades de fomentar una mayor coherencia de las políticas en el tiempo y un mayor potencial de acuerdos intertemporales (fundamental para objetivos de largo plazo). Pero para alcanzar lo anterior, es primordial una reforma al Instituto Federal Electoral (como institución) donde se exija identidad partidaria para cada persona que se desee reclutar en el sistema político, ética, y rendición de cuentas clara y eficiente.
• Profesionalización al servidor público. En México, los gobiernos municipales están en el último lugar de confianza en la sociedad (3.5 de cada 10 personas confían en ellos) y esto se debe a que los servidores públicos tienen una lealtad a la persona (presidente) y no una lealtad institucional. Y el problema está en que el órgano fiscalizador (quien debe medir la profesionalización de los servidores públicos) sólo se preocupa en la desviación de recursos, por ello, la profesionalización del gobierno local falla, logrando así la ineficiencia institucional del municipio.
sábado, 8 de enero de 2011
Ley de Fomento al Primer Empleo
Una de las reformas que causó mayor ruido en el año que apenas concluyó fue la aprobación, por parte del Senado de la República de la Ley de Fomento al Primer Empleo, que otorgará beneficios fiscales a los patrones que contraten a los jóvenes en su primer trabajo formal; Creo que es pertinente darle un vistazo a dicha legislación, iniciativa del Sen. Manlio Fabio Beltrones.
En principio de cuentas, es difícil estar en contra de toda reforma, iniciativa, o vamos, de toda legislación que tenga por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional.
Sin embargo, al leer detalladamente esta ley, más que críticas, me surgieron preguntas: El primero es respecto al artículo 4 y 7, donde cuestiono ¿Qué pasa con aquellas empresas que no tienen a ningún trabajador afiliado al IMSS? Si entendí bien la Ley, dichos beneficios sólo se le darán a aquellas firmas que estén plenamente registrados ante hacienda y ante el IMSS, sin embargo, se sabe que una gran parte de las empresas no tienen registrados a sus empleados al IMSS, por tanto, el beneficio que expone la Ley podría no ser tan motivador, pues saldría más costoso para el empresario poner en regla al resto de sus trabajadores.
Creo que sería más productivo que, en lugar de tener como beneficio la reducción de monto de impuestos, se exenten aportaciones al seguro social, ya que por un lado, existen otros medios para el empresario por los cuales podría reducir su pago de impuestos y quizá hasta más atractivos que como lo maneja esta Ley; ejemplo, la reducción de impuestos por re-inversión, o ayuda a políticas sociales etc., y respecto a exención a pagos de IMSS no es así. Y obviamente, ello no significaría agregar más afiliados al IMSS y reducir los ingresos a esta institución, pues de los impuestos que pagará el empresario (ya que no se reducirá su contribución tributaria) el Gobierno le dará al IMSS los pagos correspondientes a los nuevos trabajadores. Posiblemente se complicará la tramitología para el sector público, pero lo veo más atractivo de esta manera para el empresario.
Otro cuestionamiento es, la operacionalización de dicha ley, pues en ésta, sólo en su artículo 9 habla de una obligación por parte del empresario de notificarle a más tardar en el mes de febrero de cada año un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que informe sobre el número de puestos de nueva creación y ocupados por trabajadores de primer empleo, correspondientes al año anterior y respecto de los cuales vaya a aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la Ley en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces al respecto me genera la duda ¿Qué tan práctico o costoso será para el empresario hacer este trámite? ¿En realidad es tan sencillo y por ello la Ley no habla más del tema? A priori considero que no es así, y que para el empresario le generarán por lo menos, y en el mejor de los esenarios, incremento de costo vía remuneración al contador.
Por último, en el transitorio segundo se establece que esta ley sólo tendrá vigencia de 3 años, la pregunta es ¿Por qué? Ya que si se debe a que entrará en una especie de evaluación y con base en ello se determinará si continúa o no, sería excelente. De no ser así, creo conveniente establecer los motivos del por qué de ese plazo.
En conclusión, me parece ambicioso querer acabar con el problema del desempleo en los jóvenes por un decreto de ley, obviamente, éste es un problema estructural, de fondo y no se generan nuevos puestos empresariales sólo por verse beneficiados por exenciones fiscales. Los puestos van en función de estrategias industriales, de mercado interno fuerte, de visión de largo plazo donde entra la certidumbre económica, de aumento de competitividad, de estabilidad monetaria, de oportunidades de negocio, en fin, de muchas otras características.
Por tanto, creo que es una Ley buena (una vez librado de los cuestionamientos) siempre y cuando, no se pierda la visión de que, este tipo de leyes es solamente una pequeña ayuda para combatir el desempleo, y no una solución completa.
En principio de cuentas, es difícil estar en contra de toda reforma, iniciativa, o vamos, de toda legislación que tenga por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional.
Sin embargo, al leer detalladamente esta ley, más que críticas, me surgieron preguntas: El primero es respecto al artículo 4 y 7, donde cuestiono ¿Qué pasa con aquellas empresas que no tienen a ningún trabajador afiliado al IMSS? Si entendí bien la Ley, dichos beneficios sólo se le darán a aquellas firmas que estén plenamente registrados ante hacienda y ante el IMSS, sin embargo, se sabe que una gran parte de las empresas no tienen registrados a sus empleados al IMSS, por tanto, el beneficio que expone la Ley podría no ser tan motivador, pues saldría más costoso para el empresario poner en regla al resto de sus trabajadores.
Creo que sería más productivo que, en lugar de tener como beneficio la reducción de monto de impuestos, se exenten aportaciones al seguro social, ya que por un lado, existen otros medios para el empresario por los cuales podría reducir su pago de impuestos y quizá hasta más atractivos que como lo maneja esta Ley; ejemplo, la reducción de impuestos por re-inversión, o ayuda a políticas sociales etc., y respecto a exención a pagos de IMSS no es así. Y obviamente, ello no significaría agregar más afiliados al IMSS y reducir los ingresos a esta institución, pues de los impuestos que pagará el empresario (ya que no se reducirá su contribución tributaria) el Gobierno le dará al IMSS los pagos correspondientes a los nuevos trabajadores. Posiblemente se complicará la tramitología para el sector público, pero lo veo más atractivo de esta manera para el empresario.
Otro cuestionamiento es, la operacionalización de dicha ley, pues en ésta, sólo en su artículo 9 habla de una obligación por parte del empresario de notificarle a más tardar en el mes de febrero de cada año un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que informe sobre el número de puestos de nueva creación y ocupados por trabajadores de primer empleo, correspondientes al año anterior y respecto de los cuales vaya a aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la Ley en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces al respecto me genera la duda ¿Qué tan práctico o costoso será para el empresario hacer este trámite? ¿En realidad es tan sencillo y por ello la Ley no habla más del tema? A priori considero que no es así, y que para el empresario le generarán por lo menos, y en el mejor de los esenarios, incremento de costo vía remuneración al contador.
Por último, en el transitorio segundo se establece que esta ley sólo tendrá vigencia de 3 años, la pregunta es ¿Por qué? Ya que si se debe a que entrará en una especie de evaluación y con base en ello se determinará si continúa o no, sería excelente. De no ser así, creo conveniente establecer los motivos del por qué de ese plazo.
En conclusión, me parece ambicioso querer acabar con el problema del desempleo en los jóvenes por un decreto de ley, obviamente, éste es un problema estructural, de fondo y no se generan nuevos puestos empresariales sólo por verse beneficiados por exenciones fiscales. Los puestos van en función de estrategias industriales, de mercado interno fuerte, de visión de largo plazo donde entra la certidumbre económica, de aumento de competitividad, de estabilidad monetaria, de oportunidades de negocio, en fin, de muchas otras características.
Por tanto, creo que es una Ley buena (una vez librado de los cuestionamientos) siempre y cuando, no se pierda la visión de que, este tipo de leyes es solamente una pequeña ayuda para combatir el desempleo, y no una solución completa.
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