¿Por qué y Cómo Transformar al Estado?

Una forma adecuada de comenzar este apartado es mencionando que el primer obstáculo que existe para una óptima transformación del Estado, es el mismo Estado.

Es decir, economista reconocido como Joseph Stiglitz afirma que, es importante considerar las fallas del gobierno para el diseño adecuado de políticas públicas… “los detractores de la intervención del Estado en la economía creen que las fallas del gobierno son lo suficientemente importantes como para que éste se abstenga de intentar corregir las fallas del mercado” (Stiglitz, 1998).Entonces, sin políticas públicas eficientes, vamos con fallas intrínsecas, la política de reforma de Estado, también presentará fallas.

El hecho de que las reformas presenten, intrínsecamente, trabas o fallas radica en que éstas, obviamente, no son neutrales y no se diseñan en el vacío, sino que se abordan desde una perspectiva normativa reflejando los intereses de los grupos dominantes y de los grupos o coaliciones de grupos que controlan al Estado. Las transformaciones del Estado, que según cierta ideología de un grupo político o teoría debe hacerse, afectan os intereses de otros grupos de poder, lo que hace difícil que se ejecuten las reformas de Estado pertinentes.

En este sentido, lo que se puede observar es que, primero, desde los años ochenta se ha estado cierto de la necesidad de una transformación del Estado y que, inclusive, de manera fehaciente se puede afirmar que ésta se ha hecho pero, (y es donde entra el segundo punto) dicha reforma no ha cumplido con las expectativas de desarrollo económico y, por tanto, se debe replantear el rumbo del país. Lo interesante aquí es, cómo determinar el nuevo rumbo del país, pues el debate de por qué se debe transformar al Estado, parece superado (de hecho, es común en el discurso político).

Y no es difícil explicar por qué el debate respecto a la necesidad de una reforma al Estado está superada cuando se conocen niveles macroeconómicos tales como un PIB real anual promedio de apenas 2.88% en las últimas tres décadas; desempleo real entre 5 y 10% de la Población Económicamente Activa (PEA); 50% de la población del país sobreviviendo con algún tipo de pobreza y marginación; un lugar 89 respecto a niveles de corrupción de un total de 180 países; ocupando en el índice de competitividad el lugar 60 de 134 economías y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.75 alcanzando el lugar 56 de 169 países. El principal problema es que en todos estos indicadores, México ha empeorado en los últimos años.

Una conclusión sencilla, incompleta y por ende errada para justificar los estándares expuestos renglones arriba es mencionando que, debido a que las reformas estructurales iniciadas en los años ochenta se basaron en privatización, apertura y liberación de mercado y financiera, entonces éstas son las culpables de la situación del país (es decir, de las empresas privadas). Sin embargo, debe señalarse que el mayor o menor éxito del desempeño económico, no sólo depende de las transacciones económicas que ocurren en los mercados y en el sector privado, sino también de los bienes y servicios y de la infraestructura que son proporcionados por el Estado.

Sería poco realista suponer que el mercado es el único mecanismo de asignación de recursos en una economía sin advertir que, muy frecuentemente, el mismo desarrollo de los mercados es resultado de una acción estatal deliberada (Musgrave). Es decir, el Estado, a mi entender, es el máximo culpable y a la vez, el mayúsculo agente económico que puede y más allá, debe dar solución a la ineficiencia del país. Comenzando por supuesto por una reforma puntual e integral de la máxima Institución pública (Ayala, 2004).

Entonces, lo importante y, a su vez, complicado es reiterando: ¿cómo plantear el nuevo rumbo del país? Lógicamente es, vamos, imposible conformar una nueva visión de Estado en unos cuantos renglones, pues ello exige, sobre todo, experiencia tanto en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, como en temas económicos, políticos, sociales, culturales etc., para efectos de constituir a una iniciativa de transformación del régimen de Gobierno. Por tanto, aquí sólo se establecerán primicias que, sin duda, la reestructuración del Estado debe llevar tratando de exponer las bases económicas y políticas que marcan el cómo:

• Institucionalización eficiente del Estado que se logrará cuando se tome a éste como una organización endógena al sistema socioeconómico, atribuyéndole un papel central en el rol económico de los individuos porque fija y vigila el cumplimiento de las reglas fundamentales que gobiernan el intercambio: los derechos de propiedad, los contratos, regulaciones como precios, tarifas, leyes antimonopólicas, normas de calidad, sanidad etc. (Ayala, 2004). Unos derechos de propiedad ineficientes elevan los costos de transacción, porque genera incertidumbre, inseguridad e inestabilidad, y en estas condiciones los costos de información, contratación y de negociación se incrementarán, obstaculizando el crecimiento económico (North, 1993).

• Relacionar los aspectos económicos de las instituciones con las características de las estructuras de poder o de los regímenes políticos. Ya basta de modelos que buscan el crecimiento económico por lo económico mismo, olvidándose, o mejor dicho, queriendo olvidar que la económico es parte de un todo social, y en ese todo social también está el aspecto político, y los sistemas de poder y de gobierno, los cuales indiscutiblemente (y México como principal muestra y fundamentación) influyen en el desempeño económico del país (Ortiz, 2010).

• Modificación al sistema de partidos. Es indispensable elevar el grado de institucionalización de partidos políticos vía verdaderos vínculos razonablemente fuertes con intereses organizados de la sociedad logrando una identificación ciudadana con las distintas ideologías. Los sistemas de partidos institucionales tienen más probabilidades de fomentar una mayor coherencia de las políticas en el tiempo y un mayor potencial de acuerdos intertemporales (fundamental para objetivos de largo plazo). Pero para alcanzar lo anterior, es primordial una reforma al Instituto Federal Electoral (como institución) donde se exija identidad partidaria para cada persona que se desee reclutar en el sistema político, ética, y rendición de cuentas clara y eficiente.

• Profesionalización al servidor público. En México, los gobiernos municipales están en el último lugar de confianza en la sociedad (3.5 de cada 10 personas confían en ellos) y esto se debe a que los servidores públicos tienen una lealtad a la persona (presidente) y no una lealtad institucional. Y el problema está en que el órgano fiscalizador (quien debe medir la profesionalización de los servidores públicos) sólo se preocupa en la desviación de recursos, por ello, la profesionalización del gobierno local falla, logrando así la ineficiencia institucional del municipio.

Ley de Fomento al Primer Empleo

Una de las reformas que causó mayor ruido en el año que apenas concluyó fue la aprobación, por parte del Senado de la República de la Ley de Fomento al Primer Empleo, que otorgará beneficios fiscales a los patrones que contraten a los jóvenes en su primer trabajo formal; Creo que es pertinente darle un vistazo a dicha legislación, iniciativa del Sen. Manlio Fabio Beltrones.

En principio de cuentas, es difícil estar en contra de toda reforma, iniciativa, o vamos, de toda legislación que tenga por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional.

Sin embargo, al leer detalladamente esta ley, más que críticas, me surgieron preguntas: El primero es respecto al artículo 4 y 7, donde cuestiono ¿Qué pasa con aquellas empresas que no tienen a ningún trabajador afiliado al IMSS? Si entendí bien la Ley, dichos beneficios sólo se le darán a aquellas firmas que estén plenamente registrados ante hacienda y ante el IMSS, sin embargo, se sabe que una gran parte de las empresas no tienen registrados a sus empleados al IMSS, por tanto, el beneficio que expone la Ley podría no ser tan motivador, pues saldría más costoso para el empresario poner en regla al resto de sus trabajadores.

Creo que sería más productivo que, en lugar de tener como beneficio la reducción de monto de impuestos, se exenten aportaciones al seguro social, ya que por un lado, existen otros medios para el empresario por los cuales podría reducir su pago de impuestos y quizá hasta más atractivos que como lo maneja esta Ley; ejemplo, la reducción de impuestos por re-inversión, o ayuda a políticas sociales etc., y respecto a exención a pagos de IMSS no es así. Y obviamente, ello no significaría agregar más afiliados al IMSS y reducir los ingresos a esta institución, pues de los impuestos que pagará el empresario (ya que no se reducirá su contribución tributaria) el Gobierno le dará al IMSS los pagos correspondientes a los nuevos trabajadores. Posiblemente se complicará la tramitología para el sector público, pero lo veo más atractivo de esta manera para el empresario.

Otro cuestionamiento es, la operacionalización de dicha ley, pues en ésta, sólo en su artículo 9 habla de una obligación por parte del empresario de notificarle a más tardar en el mes de febrero de cada año un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que informe sobre el número de puestos de nueva creación y ocupados por trabajadores de primer empleo, correspondientes al año anterior y respecto de los cuales vaya a aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 5 de la Ley en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces al respecto me genera la duda ¿Qué tan práctico o costoso será para el empresario hacer este trámite? ¿En realidad es tan sencillo y por ello la Ley no habla más del tema? A priori considero que no es así, y que para el empresario le generarán por lo menos, y en el mejor de los esenarios, incremento de costo vía remuneración al contador.

Por último, en el transitorio segundo se establece que esta ley sólo tendrá vigencia de 3 años, la pregunta es ¿Por qué? Ya que si se debe a que entrará en una especie de evaluación y con base en ello se determinará si continúa o no, sería excelente. De no ser así, creo conveniente establecer los motivos del por qué de ese plazo.

En conclusión, me parece ambicioso querer acabar con el problema del desempleo en los jóvenes por un decreto de ley, obviamente, éste es un problema estructural, de fondo y no se generan nuevos puestos empresariales sólo por verse beneficiados por exenciones fiscales. Los puestos van en función de estrategias industriales, de mercado interno fuerte, de visión de largo plazo donde entra la certidumbre económica, de aumento de competitividad, de estabilidad monetaria, de oportunidades de negocio, en fin, de muchas otras características.

Por tanto, creo que es una Ley buena (una vez librado de los cuestionamientos) siempre y cuando, no se pierda la visión de que, este tipo de leyes es solamente una pequeña ayuda para combatir el desempleo, y no una solución completa.