Una forma adecuada de comenzar este apartado es mencionando que el primer obstáculo que existe para una óptima transformación del Estado, es el mismo Estado.
Es decir, economista reconocido como Joseph Stiglitz afirma que, es importante considerar las fallas del gobierno para el diseño adecuado de políticas públicas… “los detractores de la intervención del Estado en la economía creen que las fallas del gobierno son lo suficientemente importantes como para que éste se abstenga de intentar corregir las fallas del mercado” (Stiglitz, 1998).Entonces, sin políticas públicas eficientes, vamos con fallas intrínsecas, la política de reforma de Estado, también presentará fallas.
El hecho de que las reformas presenten, intrínsecamente, trabas o fallas radica en que éstas, obviamente, no son neutrales y no se diseñan en el vacío, sino que se abordan desde una perspectiva normativa reflejando los intereses de los grupos dominantes y de los grupos o coaliciones de grupos que controlan al Estado. Las transformaciones del Estado, que según cierta ideología de un grupo político o teoría debe hacerse, afectan os intereses de otros grupos de poder, lo que hace difícil que se ejecuten las reformas de Estado pertinentes.
En este sentido, lo que se puede observar es que, primero, desde los años ochenta se ha estado cierto de la necesidad de una transformación del Estado y que, inclusive, de manera fehaciente se puede afirmar que ésta se ha hecho pero, (y es donde entra el segundo punto) dicha reforma no ha cumplido con las expectativas de desarrollo económico y, por tanto, se debe replantear el rumbo del país. Lo interesante aquí es, cómo determinar el nuevo rumbo del país, pues el debate de por qué se debe transformar al Estado, parece superado (de hecho, es común en el discurso político).
Y no es difícil explicar por qué el debate respecto a la necesidad de una reforma al Estado está superada cuando se conocen niveles macroeconómicos tales como un PIB real anual promedio de apenas 2.88% en las últimas tres décadas; desempleo real entre 5 y 10% de la Población Económicamente Activa (PEA); 50% de la población del país sobreviviendo con algún tipo de pobreza y marginación; un lugar 89 respecto a niveles de corrupción de un total de 180 países; ocupando en el índice de competitividad el lugar 60 de 134 economías y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.75 alcanzando el lugar 56 de 169 países. El principal problema es que en todos estos indicadores, México ha empeorado en los últimos años.
Una conclusión sencilla, incompleta y por ende errada para justificar los estándares expuestos renglones arriba es mencionando que, debido a que las reformas estructurales iniciadas en los años ochenta se basaron en privatización, apertura y liberación de mercado y financiera, entonces éstas son las culpables de la situación del país (es decir, de las empresas privadas). Sin embargo, debe señalarse que el mayor o menor éxito del desempeño económico, no sólo depende de las transacciones económicas que ocurren en los mercados y en el sector privado, sino también de los bienes y servicios y de la infraestructura que son proporcionados por el Estado.
Sería poco realista suponer que el mercado es el único mecanismo de asignación de recursos en una economía sin advertir que, muy frecuentemente, el mismo desarrollo de los mercados es resultado de una acción estatal deliberada (Musgrave). Es decir, el Estado, a mi entender, es el máximo culpable y a la vez, el mayúsculo agente económico que puede y más allá, debe dar solución a la ineficiencia del país. Comenzando por supuesto por una reforma puntual e integral de la máxima Institución pública (Ayala, 2004).
Entonces, lo importante y, a su vez, complicado es reiterando: ¿cómo plantear el nuevo rumbo del país? Lógicamente es, vamos, imposible conformar una nueva visión de Estado en unos cuantos renglones, pues ello exige, sobre todo, experiencia tanto en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, como en temas económicos, políticos, sociales, culturales etc., para efectos de constituir a una iniciativa de transformación del régimen de Gobierno. Por tanto, aquí sólo se establecerán primicias que, sin duda, la reestructuración del Estado debe llevar tratando de exponer las bases económicas y políticas que marcan el cómo:
• Institucionalización eficiente del Estado que se logrará cuando se tome a éste como una organización endógena al sistema socioeconómico, atribuyéndole un papel central en el rol económico de los individuos porque fija y vigila el cumplimiento de las reglas fundamentales que gobiernan el intercambio: los derechos de propiedad, los contratos, regulaciones como precios, tarifas, leyes antimonopólicas, normas de calidad, sanidad etc. (Ayala, 2004). Unos derechos de propiedad ineficientes elevan los costos de transacción, porque genera incertidumbre, inseguridad e inestabilidad, y en estas condiciones los costos de información, contratación y de negociación se incrementarán, obstaculizando el crecimiento económico (North, 1993).
• Relacionar los aspectos económicos de las instituciones con las características de las estructuras de poder o de los regímenes políticos. Ya basta de modelos que buscan el crecimiento económico por lo económico mismo, olvidándose, o mejor dicho, queriendo olvidar que la económico es parte de un todo social, y en ese todo social también está el aspecto político, y los sistemas de poder y de gobierno, los cuales indiscutiblemente (y México como principal muestra y fundamentación) influyen en el desempeño económico del país (Ortiz, 2010).
• Modificación al sistema de partidos. Es indispensable elevar el grado de institucionalización de partidos políticos vía verdaderos vínculos razonablemente fuertes con intereses organizados de la sociedad logrando una identificación ciudadana con las distintas ideologías. Los sistemas de partidos institucionales tienen más probabilidades de fomentar una mayor coherencia de las políticas en el tiempo y un mayor potencial de acuerdos intertemporales (fundamental para objetivos de largo plazo). Pero para alcanzar lo anterior, es primordial una reforma al Instituto Federal Electoral (como institución) donde se exija identidad partidaria para cada persona que se desee reclutar en el sistema político, ética, y rendición de cuentas clara y eficiente.
• Profesionalización al servidor público. En México, los gobiernos municipales están en el último lugar de confianza en la sociedad (3.5 de cada 10 personas confían en ellos) y esto se debe a que los servidores públicos tienen una lealtad a la persona (presidente) y no una lealtad institucional. Y el problema está en que el órgano fiscalizador (quien debe medir la profesionalización de los servidores públicos) sólo se preocupa en la desviación de recursos, por ello, la profesionalización del gobierno local falla, logrando así la ineficiencia institucional del municipio.
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